La CGT quiere que distribuyan ganancias empresas con más de 300 empleados
La iniciativa de Recalde se presentará el próximo martes en la CGT. Apunta a empresas de alta rentabilidad. Se distribuirá en base a la antigüedad, la categoría y el salario
Pese a las duras críticas que la propuesta cosechó entre los principales sectores empresarios, que hasta compararon al país con Cuba, la conducción de la CGT ratificó ayer su decisión de avanzar con el proyecto que habilita la distribución de ganancias de las empresas entre los trabajadores y anunció que el próximo martes la iniciativa será presentada en el Congreso. El proyecto prevé que la garantía de participación de los trabajadores en las ganancias se aplicará inicialmente en aquellas empresas con más de 300 empleados y un nivel de rentabilidad alta, y establece que las ganancias que se distribuirán entre el personal serán calculadas sobre la utilidad anual de la empresa, descontando el pago de impuestos y las inversiones.
Según adelantó a El Cronista el diputado y asesor de la CGT, Héctor Recalde, la iniciativa de su autoría estipula que la proporción de ganancia que corresponderá a cada trabajador se determinará en base a la antigüedad, la categoría de convenio y el nivel salarial, aunque aclaró que quedarán excluidos del beneficio quienes ocupen cargos directivos y gerenciales de las empresas. Asimismo, el proyecto contempla que la distribución de ganancias al personal se concretará un vez por año fiscal y que tendrá carácter no remunerativo, por lo que estará exceptuada del pago de aportes y contribuciones patronales, y no será contemplada sobre la base salarial sobre la que se computa el pago del impuesto a las Ganancias.
Respecto a la proporción de las utilidades empresarias que distribuirán entre los trabajadores, Recalde indicó que están bajo análisis varias alternativas y señaló que la decisión definitiva sobre ese punto será acordada el martes en la reunión que mantendrá la conducción de la central obrera, según lo determinó ayer el propio Hugo Moyano en un encuentro con el legislador. De todas maneras, Recalde anticipó que ese porcentaje se calculará sobre las ganancias netas anuales de las compañías, descontando aquellas utilidades que se reinviertan para incrementar la productividad o la cantidad de puestos de trabajo.
También mencionó que una parte del monto de ganancias a distribuir será destinado a crear un fondo solidario que financiará programas de asistencia o ayuda a trabajadores en negro y desocupados que perciben la asignación universal por hijo.
Por otra parte, la iniciativa de la CGT estipula un esquema gradual para la aplicación del sistema de distribución de ganancias, aunque estipula que quedarán excluidas de la medida las empresas que no tiene fines de lucro y las sociedades cooperativas. Además, se prevé la conformación de una comisión tripartita integrada por representantes del Gobierno, las organizaciones sindicales y empresarias para convenir los detalles de la implementación del proyecto una vez aprobado por el Congreso.
A pesar de la dura reacción empresaria, el propio Moyano defendió ayer los términos de la iniciativa que será oficializada el martes por la CGT al enfatizar que se trata de “un proyecto interesante que responde a los principios históricos del justicialismo”. También desde el Gobierno, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, ratificó el respaldo a la propuesta y anticipó que también desde su cartera se propiciará un debate en las negociaciones colectivas de trabajo para que las empresas distribuyan entre los trabajadores los beneficios de la mayor productividad registrada en la economía. “Es necesario sacar los demonios alrededor de este tema y hablar de la productividad de todos los factores”, enfatizó el funcionario.
La AFIP quitará beneficios a empresas que no cumplan nivel oficial de empleo
Si deciden despidos o suspensiones masivas, las empresas pondrán en juego sus aduanas domiciliarias, el canal verde con el exterior y sufrirán retenciones de impuestos
Las empresas que tengan menos empleados que el promedio de su sector o dispongan de planes de racionalización –con suspensiones o despidos, sin importar si es por razones coyunturales o estructurales– serán consideradas por la AFIP como “empleadores riesgosos”, lo que implicará la pérdida de beneficios impositivos y una suba de las alícuotas de retenciones y percepciones de los distintos impuestos.
La decisión, adelantada a El Cronista por una fuente oficial, apunta a encarecer el costo de las empresas que ajusten personal por cuestiones estacionales o sistémicas, como ocurrió durante lo peor de la crisis económica global que obligó al Estado a aplicar subsidios para mantener el empleo.
“Una misma empresa será ahora analizada en forma integral desde tres puntos de vista por la AFIP, como usuario de comercio exterior, contribuyente y dador de empleo”, indicó la fuente oficial.
La meta de la AFIP es que el nivel de empleo se sostenga y crezca y que tampoco se utilicen figuras para sobreutilizar mano de obra en vez de generar nuevos puestos de trabajo.
Para medir el cumplimiento de las empresas y determinar los “empleadores riesgosos”, la AFIP utilizará las declaraciones de las empresas y las estimaciones propias que elabora –denominada “presunciones laborales”– que determina el nivel de empleo que se necesita para desarrollar cada actividad económica.
Con las presunciones laborales, el fisco va a determinar de oficio la planta de trabajadores que debe tener una empresa si esta no presentó declaraciones juradas o se estima que está en fraude. Para hacerlo, habrá matrices de riesgo con las que todas las empresas van a saber qué espera encontrar la AFIP en cuanto a cantidad de mano de obra empleada por sector.
Esa medida reglamenta la Ley 26.063, que previó las presunciones laborales, pero va más allá al determinar cuál es el promedio de empleados en cada sector.
De este modo, el fisco analizará el comportamiento de las empresas para ver si tienen buena rentabilidad pero no la reinvierten en puestos de trabajo o si utilizan mano de obra muy por debajo del promedio de la actividad.
La idea de la AFIP para declarar “riesgoso” a un empleador es utilizar el mismo método que cuando un empresario comienza a desinvertir rápidamente. Las empresas en esas condiciones podrían, por ejemplo si se dedican al comercio exterior, perder los beneficios de la aduana factoría o aduana domiciliaria que reporta enormes ahorros financieros o someter todas sus operaciones al canal rojo.
En materia tributaria y de la seguridad social también habrá un castigo a la destrucción de puestos de trabajo con la suba de alícuotas de retenciones y percepciones en los distintos impuestos.
Al respecto, ya se realizaron reuniones con la construcción y el sector textil y próximamente podrían salir resoluciones con los promedios estimados de empleados que deben tener las empresas de esas actividades.
Por otra parte, la AFIP va a generar la declaración jurada laboral pro forma para el 85% de los empleadores, o sea los que tienen menos de 20 empleados, y tiene la meta de llegar al otro 15%, el de las grandes empresas que concentran el grueso de la mano de obra ocupada en el país. La declaración pro forma es generada por la propia AFIP, y al empresario sólo le queda entrar a una casilla de “Novedades” si está en desacuerdo, y el fisco validará o no el cambio denunciado por el contribuyente.
La soja tocó el mayor valor del año y se encamina a u$s 390
Las compras de chinas de grano y derivados impulsaron las cotizaciones de la oleaginosa. A nivel local se llegó a ofrecer hasta $ 1.075, pero sigue sin haber liquidación.
Los futuros de la soja en Chicago lograron ayer despegarse del comportamiento de los mercados financieros, que terminaron en negativo, y hasta del fortalecimiento del dólar frente al euro.
La demanda china por la oleaginosa y sus derivados pudieron más que los temores por la crisis en Europa y permitieron que la posición noviembre de soja en Chicago ganara 1,5% y se posicionara en el mayor valor de 2010.
Ese contrato, el más activo, terminó a u$s 386,5 la tonelada. Anoche en la rueda continua la ganancia se alargaba y se ubicaba a escasos 2 dólares por debajo de u$s 390 la tonelada, una cotización que la oleaginosa no alcanzaba desde principios de diciembre pasado.
El alza en el principal mercado de referencia contagió rápido los negocios en Rosario, aunque los exportadores se mantuvieron retirados del recinto. La industria llegó a pagar hasta $ 1.075 la tonelada, marcando también el máximo valor del año.
No obstante, el cierre informado por la Bolsa de Comercio rosarina indicó que la oferta fue de $ 1.060 por tonelada de soja disponible, lo que alejó el interés de los productores por liquidar.
Así, se relevaron negocios por apenas 5.000 toneladas, de acuerdo con la entidad rosarina. Las compras de la exportación y la industria siguen siendo a cuentagotas ante la estrategia de los productores de retener mercadería hasta asegurarse un precio acorde a sus intereses.
Según analistas y operadores, los sojeros aguardan que en el recinto se convaliden al menos $ 1.100 por tonelada de soja para salir a liquidar fuerte.
En tanto, por la soja nueva, que todavía no se plantó y estará disponible recién para mayo de 2011, se ofertaron u$s 253 la tonelada.
Para explicar el comportamiento de Chicago, los analistas remarcaron que la suba de la oleaginosa estuvo relacionada con la fuerte demanda por parte de China por el poroto y sus derivados. Ayer se conoció que el gigante asiático redobló sus compras de aceite de soja a EE.UU, tras el bloqueo que desde hace 5 meses mantiene para ese producto de origen argentino en medio de una disputa comercial. Los exportadores norteamericanos informaron de la venta de 90.500 toneladas de aceite de soja hacia China.
Al impulso de esos negocios con el país asiático, se sumaron en Chicago compras técnicas y un posicionamiento de los fondos especulativos e inversores en la previa a que, el viernes, se difundan datos respecto del avance en la cosecha de los granos gruesos.
En ese sentido, la mayor preocupación está en el potencial productivo del área sojera implantada, aunque algunos operadores creen que la mejora de los precios busca también dar una señal, como todos los años, inequívoca a los productores estadounidenses a avanzar en la cosecha sojera, a fin de que el mercado tenga suficiente grano en oferta para satisfacer una demanda que aparece como imparable.
Es que, en las últimas semanas, los agricultores norteamericanos se concentraron en recolectar lo antes posible el maíz, cuyo precio llegó ayer a un nuevo máximo en 14 meses, al cerrar a u$s 183,5 la tonelada, ante la creciente demanda y preocupaciones respecto de cuál será la cosecha final del grano en EE.UU.
PAULA LÓPEZ Buenos Aires ()