CHILE - Revelan que el Ministerio Público intercepta 1.600 teléfonos mensualmente
Diariamente, en Chile se realizan más de 80 intervenciones telefónicas a petición del Ministerio Público. Según la Fiscalía Nacional, el 90% de los casos, que reciben las tres grandes compañías del rubro, responde a investigaciones asociadas al tráfico de drogas. El resto, a indagatorias vinculadas al lavado de dinero, crimen organizado y secuestro.
La cifra fue revelada ayer por la abogada del Ministerio Público Carolina Zavidich, encargada del Registro de Solicitudes de Interceptaciones Telefónicas (Resit), programa que comenzará a operar en mayo, en el cuarto piso de la Fiscalía Nacional, y a través del cual se tramitará la totalidad de las peticiones de escuchas telefónicas solicitadas por las fiscalías de todo el país.
Serán cuatro analistas y una abogada quienes, tras recibir las solicitudes, enviarán una orden al tribunal de garantía, el que deberá autorizar la medida. La autorización tiene una duración de hasta 60 días.
"Alrededor de 80 serían las solicitudes de interceptaciones diarias, de lunes a viernes", dijo Zavidich, quien confirmó que en 10 días son cerca de 800 los teléfonos intervenidos y 1.600 al mes.
La funcionaria explicó que la finalidad de la iniciativa Resit es evitar la duplicidad de solicitudes y regular el proceso.
Técnica cuestionada
Como técnica intrusiva de investigación, la escucha telefónica ha sido cuestionada en varios casos. Por ejemplo, en el de las irregularidades en el Registro Civil, en el que la fiscalía utilizó como prueba la conversación telefónica entre uno de los imputados y su abogado. Además, en el caso del abogado Carlos Cortés, quien fue grabado por la policía mientras se contactaba por teléfono con el sacerdote filipino Richard Aguinaldo, investigado por presuntos abusos sexuales.
"Preocupante"
Para el abogado penalista Juan Pablo Hermosilla, la cantidad de interceptaciones realizadas "es un tema preocupante".
El profesional agregó que, "por un lado, uno entiende la necesidad de estas técnicas para investigar delitos graves, pero, por otro lado, hay que tener cuidado con no desviarnos para qué es todo esto".
Consultado respecto de si el sistema de intercepción telefónica vulnera las garantías de los imputados y sus abogados, Hermosilla manifestó que "hay que evaluar cómo funciona esto. Es importante que el mundo académico pueda estar observando y pueda estar evaluando desde el punto de vista de las garantías".
El abogado Carlos Cortés, quien denunció haber sido víctima de una intervención telefónica irregular, cuestionó que el control de los datos haya quedado sólo en manos de la fiscalía.
"Me parece útil el mecanismo para investigar delitos de gravedad, pero es muy relevante que si se llegan a hacer intervenciones entre investigados y abogados, que dichas grabaciones no sean hechas públicas o utilizadas en contra de los imputados, ya que afecta el derecho a defensa".
Según el fiscal nacional, Sabas Chahuán, "estamos ciertos de que lograremos una mejor gestión interna y externa y control de las diversas medidas intrusivas especificadas".
Central autónoma de intervención telefónica
En febrero de 2010, la Fiscalía Nacional implementó la primera central autónoma de intervención telefónica, independiente de las policías. La unidad es operada por un grupo reducido de funcionarios de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado. La iniciativa pretendía lograr independencia del trabajo que realizaban la PDI y Carabineros. El sistema tuvo un costo de US$ 20 mil, aproximadamente, y ordena por hora y día las llamadas y las registra hasta que el sospechoso cuelga el teléfono.
En 2008 el entonces subprefecto de la PDI, Jorge Donoso, fue
investigado, y más tarde condenado, por la destrucción de dos meses de
grabaciones al ex director del Registro Civil Guillermo Arenas. (La Tercera)
