BOLIVIA - Pueblo guaraní pide al Presidente frenar explotación de gas en su territorio
EL DIARIO Y EFE.- El pueblo guaraní ha pedido al gobierno de Evo Morales una pausa en la explotación de hidrocarburos en el territorio que ocupan, fronterizo con Paraguay y Argentina, donde se encuentra el 70% de las reservas de gas del país, informó ayer una fuente oficial.
El director de Gestión Socioambiental del Ministerio de Hidrocarburos, Omar Quiroga, explicó este miércoles a los medios que esa demanda preocupa al Ejecutivo porque los guaranís, al parecer influidos por organizaciones no gubernamentales, desconocen un acuerdo alcanzado el mes pasado.
La etnia se opone a la explotación de los hidrocarburos en la zona de la serranía del Aguaragüe, en el departamento sureño de Tarija.
Quiroga confirmó que se ha reactivado la demanda indígena de no permitir “ninguna actividad de hidrocarburos en el Aguaragüe, a pesar de que el Gobierno llegó a un acuerdo con los originarios de esta región”.
“Ellos no tienen alternativa a la actividad hidrocarburífera y el Gobierno tampoco tiene una alternativa. Estamos dependiendo de los hidrocarburos. Unos 2.000 millones de dólares (anuales) entran al país por esta actividad”, explicó.
“El 70% de la actividad está en esa región. Decir que no se desarrolla la actividad de hidrocarburos en esa región es prácticamente renunciar a esos ingresos”, agregó el funcionario.
Quiroga negó la versión de algunos dirigentes guaranís que afirman tener un acuerdo con el Ejecutivo para que se paralice la extracción de los hidrocarburos en esa zona.
Las leyes y la Constitución de 2009, que promovió y promulgó el presidente Morales, establecen que los grupos indígenas del país deben ser consultados si en su territorio se realiza explotación de recursos naturales o megaobras de infraestructura.
COMPENSACIÓN
En el área de hidrocarburos, desde 2007, se realizaron 14 consultas a indígenas que alcanzaron acuerdos con petroleras a cambio de compensaciones que van desde 70 mil dólares hasta 1,6 millones de dólares, según datos oficiales.
No obstante, también hay etnias que, al no alcanzar convenios con las empresas petroleras, impiden la explotación de los recursos o mantienen las negociaciones.
Los indígenas aymaras han acusado recientemente al presidente Morales, de intentar dejar de lado la aplicación de la obligación de consulta, algo que él ha negado.
No obstante, el Gobierno ha denunciado que organizaciones no gubernamentales bolivianas, pero financiadas por Europa y Estados Unidos, están influyendo en los pueblos indígenas para intentar que se frenen los proyectos de desarrollo petrolero o de infraestructura.
Morales estudia una nueva norma de consulta a los pueblos indígenas que se aplicará en minería, hidrocarburos, electricidad y construcción de carreteras, entre otros aspectos, matizando lo que dice la Carta Magna.
ONG
Para el consultor de la Naciones Unidas (NNUU), Cesar Santagadea, las Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) estarían detrás de los movimientos indígenas que se oponen al desarrollo de los proyectos petroleros en el país.
Los pueblos originarios piden dinero por los impactos ambientales a las transnacionales petroleras por la exploración y explotación de hidrocarburos en zonas de Norte de La Paz, aseguró.
“Las comunidades exigen que se paguen ahora o nunca, consigna que se utiliza en el momento de obtener la licencia ambiental y para detener los proyectos petroleros”, afirmó.
Ante este panorama de que las comunidades originarias tienen determinación sobre tierra y territorio, la misma que es respaldada en la nueva Constitución, el analista manifestó que debe haber un acuerdo entre empresarios petroleros y comunidades para llegar a un acuerdo.
“La gente en el proceso de consulta puede decir no. Por ejemplo dicen que no vamos a tener tanta agua para consumir nuestro ganado, existe impactos que no se pueden remediar, por lo que se tiene que pagar, compensar”, dijo.
GOBIERNO PREPARA UNA NUEVA NORMA DE CONSULTA PARA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS.Indígenas recibirán porcentaje de la inversión petrolera
(ANF).- La compensación para los pueblos originarios oscilaría entre 0,5 y 1,5 por ciento del total de la inversión en los proyectos de la industria petrolera. Este planteamiento gubernamental deberá ser debatido para su aprobación en el nuevo reglamento de consulta a los pueblos.
En la actualidad, “no hay una lógica” para fijar montos de resarcimiento, pero los márgenes están entre “70.000 dólares como mínimo y 1,60 millones como máximo”, afirmó el director General Socio-Ambiental del Ministerio de Hidrocarburos, Omar Quiroga, al mencionar que un acuerdo reciente es el de la francesa Total con dos TCO (territorios comunitarios de origen), por 300.000 dólares.
En la actualidad, “no hay montos mínimos ni máximos” para la indemnización, puesto que “está sujeto a la negociación entre partes”, dijo la autoridad.
Lo que se pretende es “establecer un porcentaje real que la empresa petrolera pueda cumplir”, aun cuando estas compensaciones a los pueblos originarios “son costos recuperables”.
El referente de 0,5 y 1,5 por ciento “es un parámetro que se está poniendo para poderlo discutir después”, pero “está contemplado en una propuesta que tiene el Ministerio”, indicó.
Justamente, el asunto “lo vamos a desarrollar en estos meses venideros, cuando se vaya clarificando la Ley Marco de Autonomías y tengamos que discutir la Ley de Hidrocarburos”, aseguró el Director.
Con la certeza de que “queremos que haya agilidad en los procesos de inversión petrolera, porque es sensible para la economía del país, pero respetando los derechos de los pueblos”, el Director del Ministerio de Hidrocarburos sostuvo que el nuevo reglamento será concertado con los distintos actores.
La consulta a las comunidades para obtener la licencia ambiental en el área de hidrocarburos “no es derecho al veto” a los proyectos petroleros. Sin embargo, podrían detenerlo “si es que demuestra que los efectos son perversos para el desarrollo de su propia existencia”, aseguró el funcionario del Ministerio.
Por otro lado, Quiroga dijo que algunas consultas son retrasadas “por intereses políticos creados”, en otros casos son los asesores que contrata la organización. Y también “algunas ONG, que han estado interfiriendo estos procesos”.
