BOLIVIA - Potosí rechaza propuesta del Gobierno y masifica piquetes de huelga de hambre

ago
9
2010
Al ingresar al décimo segundo día de paro indefinido, los dirigentes cívicos y autoridades de Potosí, rechazaron la propuesta de dialogar en Sucre y decidieron radicalizar las medidas de presión masificando los más de 60 piquetes de huelga de hambre.

El presidente del Comité Cívico de Potosí (Comcipo), Celestino Condori, informó que varias organizaciones sindicales, gremiales, profesionales vecinales, asalariadas, además del club deportivo Real Potosí, se sumaron ayer, a las medidas de presión como la huelga de hambre y bloqueo de caminos. De hecho el partido que debió jugar el equipo potosino fue suspendido.

De acuerdo a una emisora local ya se siente el desabastecimiento de productos de primera necesidad en los mercados de abasto y tiendas de barrio de Potosí, en tanto que en las carreteras organizaciones campesinas de las provincias radicalizaron el bloqueo dejando aislado a todo el Sur del país.

La población civil forma parte de los piquetes de huelga de hambre. Muchos de los piquetes instalados en toda la ciudad, ya sobre pasa los 60 grupos de ayunadores, que exigen el Gobierno solución a sus demandas regionales.

El presidente de Comcipo, Celestino Condori y el gobernador potosino, Félix Gonzáles, informaron que las organizaciones de base mantienen el condicionamiento de dialogar en Potosí.

“Los huelguistas señalan que las autoridades nacionales deben presentarse en Potosí para ver de manera directa la realidad de este movimiento que está pidiendo escuchar en territorio potosino la voz de los ministros del Estado Plurinacional”, dijo el Gobernador potosino.

Desde La Paz, el ministro de Autonomías, Carlos Romero, insistió que las autoridades del Gobierno no irán a la Villa Imperial, por considerar que “no es el escenario” para resolver el tema limítrofe con Oruro. Romero prefiere dejar para después la solución de las seis demandas de las organizaciones cívicas y representativas de Potosí.

El gobernador potosino Félix Gonzáles encabeza el piquete de ayunadores junto a dirigentes cívicos, del Comité de Movilizaciones, además de asambleístas departamentales, senadores, diputados y concejales del municipio.

A ellos se sumaron organizaciones sindicales del magisterio urbano y rural, fabriles, rentistas mineros, jubilados, mercados, gremiales, comerciantes, cooperativistas mineros, Cámara de Minería, empresarios privados, escuelas de Cristo, salubristas, administrativos de la Caja de Salud, trabajadores de clínicas, profesionales médicos, Colegio Médico, juntas vecinales, organización de no videntes, trabajadores de caminos, campesinos originarios, universidad Tomás Frías, y otras representativas de la sociedad civil.

En tanto, que los cuatro legisladores potosinos, Eduardo Maldonado, Juan Carlos Cejas, Hugo García y David Cortez; que desde el pasado martes mantienen una huelga de hambre en la Comisión de Constitución en la Asamblea Legislativa, expresaron la necesidad de iniciar el tratamiento de la Ley de Delimitación de Unidades Territoriales antes del plazo (180 días) establecido en la norma Marco de Autonomías y Descentralización.

El senador Maldonado, aseveró que es la única forma de poner fin al conflicto limítrofe entre Oruro y Potosí, mientras el Gobierno atiende las demandas regionales. “La Ley Marco dice hasta 180 días, pero nosotros podemos aprobarla en menos tiempo”.

DEMANDAS

Entre las demandas exigidas por el departamento de Potosí están la solución al conflicto de límites entre Oruro y Potosí, en la que se encuentra el Cerro Pagua, rica en yacimientos de piedra caliza, materia prima para la fábrica de cemento.

También se encuentra la construcción de la fábrica de cemento en el Catón Indígena de Coroma, con los recursos naturales que se encuentra en el cerro Pagua y otros yacimientos en sus alrededores; la construcción de un Aeropuerto Internacional en las cercanías de la Villa Imperial, infraestructura esencial para potenciar el turismo en la región.

Asimismo, exigen la reactivación de la Planta de Karachipampa, demanda que podría quedar frustrada por los problemas legales entre Atlas Precius Metals y la Corporación Minera de Bolivia (Comibol); la preservación del Cerro Rico de Potosí, el mismo que se encuentra en riesgo de derrumbarse por la constante explotación minera de forma artesanal; y la conclusión de proyectos viales, como Potosí – Cotagaita – Tupiza – Villazón; Potosí – Tarija, Potosí – Uyuni – Hito 60 (Corredor Bioceánico), Diagonal “Jaime Mendoza, Uyuni Huancarani.

Cardenal llama al Ejecutivo y cívicos a iniciar el diálogo

Santa Cruz, (ANF).- Durante su homilía, del Cardenal Julio Terrazas, pidió ayer al Gobierno y al pueblo potosino, buscar el diálogo como el mejor mecanismo, para encontrar soluciones a las demandas, sin hacer el uso de la fuerza y la violencia.

“Los hermanos de Potosí allá en su tierra están pidiendo nada más y nada menos que diálogo (...) y hay que empezarlo allí, donde las situaciones son difíciles”, con estas palabras el Cardenal Julio Terrazas, expresó una vez más, el pedido de la Iglesia Católica por priorizar el diálogo en las situaciones conflictivas que se vive en el país.

Las protestas en Potosí se iniciaron hace 11 días, se agravaron con la incorporación de decenas de personas a la huelga de hambre, el bloqueo de los accesos al aeródromo y de la ferrovía hacia Chile.

Según el ministro de Autonomías, Carlos Romero, las cinco demandas referidas a proyectos de infraestructura y productivos ya han sido atendidos por lo que sólo queda definir cronogramas e inversiones y queda como punto álgido el de límites con Oruro, que debe negociarse en un territorio neutral para no desatar otro conflicto en ese departamento que ya se declaró en emergencia, por lo que en lugar de un conflicto tendrán dos.

En este marco, el Cardenal exhortó a las autoridades a trabajar por la paz y por la justicia.

Contra Ley de Aduanas

Choferes suspenden medidas y gremiales ratifican movilizaciones

• Franklin Durán anunció que transporte interdepartamental suspendió bloqueos hasta el miércoles tras llegar a un preacuerdo con el Gobierno.

Choferes declararon ayer dejar en cuarto intermedio el bloqueo de carreteras de 24 horas previsto para hoy tras acordar con el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Arce, la revisión del proyecto de Ley de Aduanas y Código Tributario, normas que se encuentran en la Cámara Alta de la Asamblea Legislativa, afirmó Franklin Durán, secretario ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia en diálogo con EL DIARIO.

“El cuarto intermedio decretado hasta el próximo miércoles tiene como fin hacer respetar el documento firmado con el Ministro de Economía en torno a que la Ley de Aduanas no afecte a los transportistas”, dijo el dirigente del autotransporte nacional.

GREMIALISTAS SOLOS

Esta determinación de los choferes dejó solo al sector gremial en su protesta contra el proyecto de Ley de Aduanas y el Código Tributario que ha ratificado para hoy las medidas de presión como el cierre de mercados entre otros, aseguró Francisco Figueroa, secretario ejecutivo de la Confederación de Gremiales.

Nuevamente en esta jornada, las principales ciudades del país serán convulsionadas con marchas de gremiales en rechazo a la nueva Ley de Aduanas que endurece las penas contra el contrabando.

Después que varios días la ciudadanía fuera intranquilizada con marchas, gremiales de las ciudades de La Paz, Santa Cruz, Oruro y Chuquisaca, cerrarán mercados y realizarán caminatas por sus calles y avenidas.

La semana pasada, los comerciantes cercaron la Plaza Murillo, ocasionando caos y perjuicios a los ciudadanos.

PROPUESTA

El ministro de Economía, Luis Arce, afirmó la semana pasada, que “los comerciantes de Oruro, movilizados en la sede de gobierno, carecen de propuestas para el proyecto de Ley de Aduanas”.

“La viceministra de Política Tributaria (Susana Ríos) se ha estado reuniendo con varios sectores, incluso a viajado a Oruro y ha tenido varios acercamientos con estos señores y se precisó ahí ¿qué es lo que les preocupa de la ley?. Ellos respondieron: el régimen simplificado y se les explicó que no está en juego, (y luego se les preguntó) ¿Qué más? y no hay argumento del otro lado y tampoco hay propuestas, que vengan con planteamientos que permitan mejorar el proyecto”, precisó.

Denunció que algunos dirigentes de los gremialistas y contrabandistas han fraguado el proyecto que modifica la Ley Aduanas, con el único propósito de evitar que la Asamblea Legislativa apruebe estas modificaciones.

Agregó que se ha mentido al sector asegurándoles que se eliminará el régimen simplificado para el pago de sus impuestos y este sector por tanto pasará a pagar sus impuestos en el régimen general. “Esa no es la intención del Gobierno, sino de ayudar al sector informal con esta nueva disposición”, aclaró.

Explicó que el proyecto modificatorio de la Ley de Aduanas ataca no sólo a la internación y comercialización ilícita sino procesos que implican el contrabando.

En este sentido, enfatizó que las propuestas serán tomadas en cuenta siempre y cuando no busquen flexibilizar las sanciones porque esto, a su juicio, significaría abrirle las puertas al contrabando para que se interne de diversas maneras en el país.

POSICIÓN OFICIAL CON RELACIÓN A TRANSPORTISTAS

La viceministra de Política Tributaria Susana Ríos, en días pasados, recomendó a los choferes portar la factura y los documentos de importación de las mercancías que transportan, lo que les dará la seguridad de que la mercadería que están transportando no es contrabando.

Asimismo, Ríos explicó que la actual Ley de Aduanas como en el Código Tributario ya establece la retención del camión cuando es encontrado con mercadería de contrabando y la nueva normativa puntualizará ese procedimiento.

“Se le decomisa (el camión) junto con la mercancía, es decir, esa sanción ya existe lo que hace este proyecto de ley (de Aduanas y Código Tributario) es puntualizar ese procedimiento que además en la misma Ley está sujeto a una reglamentación específica”, argumentó.

La viceministra insistió en que la nueva Ley de Aduanas busca luchar contra el contrabando y sancionar a los implicados con el aumento de la sanción que involucrará a los servidores públicos.

 

 

 

 

 

 

 

 

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