BOLIVIA - Desinformación y apatía ciudadana marcan inéditos comicios judiciales

El politólogo Edwin Quiroz, manifestó sobre estos comicios que el Gobierno forzó el proceso mientras el Tribunal Supremo Electoral (TSE) cumplió una función deficiente en la difusión de méritos, con spots largos, tediosos y sin atracción para la opinión pública.

“Es una elección que ha nacido enferma y además el TSE no ha cumplido su labor, fue una campaña mediocre y la población ha quedado con total desconocimiento de estas elecciones y los candidatos, la gente en realidad está yendo a vota r a ciegas”, expresó.

LEGITIMIDAD

Señaló que incluso la campaña gubernamental bajo de intensidad, dejando los discursos de los mandatarios, para delegar esta responsabilidad al aparato político del MAS a fin de “no dañar la imagen del presidente” ante una posible derrota o pérdida de legitimidad de los votos válidos frente a los votos nulos.

En caso que la legitimidad sea relegada, como sugirió el presidente del TSE, Wilfredo Ovando, señalando que la legitimidad “es un concepto subjetivo”, Quiroz aseguró que será necesaria una reingeniería del aparato judicial, porque candidatos que lleguen a un tope de 9 por ciento del total de votos válidos, no garantizan que las autoridades sean idóneas.

INADECUADA CAMPAÑA

El analista Carlos Cordero considera que la inversión económica en la difusión de información y de méritos fue casi vana, sobre todo en el tema de la propaganda. Los spots publicitarios fueron difundidos en espacios extremadamente largos en los últimos días antes de las elecciones, no así en los 45 días reglamentarios para emitir la información adecuada.

Para el analista, las voces de crítica de asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS) y hasta del propio presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Wilfredo Ovando, quienes aseguraban que los medios de comunicación eran los responsables de la falta de información por no difundir estos spots con intensidad, no son válidas, ya que los medios cumplieron con su labor.

“Los medios sí cumplieron, lo que pasa es que hay apatía ciudadana que no ha querido informarse porque en general es muy sabia se da cuenta que el proceso se vio amañado y con muchas dificultades y ha perdido el interés en unas elecciones poco transparentes”, señaló.

Agregó que la ciudadanía asistirá a emitir su voto, masivamente para dar una lección de civismo, sin embargo, no podrá evitar mostrar su malestar y transmitirá su apatía lo que dará como resultado un creciente número de votos blancos y nulos en comparación con otros procesos electorales.

FALTA DE INFORMACIÓN

El fiscal general de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) Antonio Vargas explicó a el diario digital Oxigeno que la limitaciones a la libertad de expresión en este proceso electoral generó falta de información adecuada, en desmedro del derecho ciudadano a tener todos los datos y perspectivas de los postulantes judiciales.

“El voto informado es imposible toda vez que este Gobierno se ha asegurado que esta elección se realice prácticamente a oscuras en ausencia completa de la libertad de expresión”, sentenció Vargas.

De acuerdo a las normas electorales los medios de comunicación están limitados a sólo informar los datos personales y profesionales de cada uno de los candidatos y prohibidos de generar espacios de opinión de ninguna índole sobre los postulantes. Los aspirantes al Órgano Judicial se rigieron a ese marco normativo para darse a conocer ante la población.

 
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Magistrados tendrán mando por seis años

Hoy, la población acude a las urnas para elegir a las nuevas autoridades del Órgano Judicial, en medio de la incertidumbre, la apatía electoral y la falta de información. 56 magistrados serán electos por vez primera mediante el voto ciudadano, aunque el proceso previo estuvo politizado desde la propia convocatoria, restándole credibilidad.

La legitimidad de las nuevas autoridades quedará en duda en caso de que los porcentajes de rechazo sean mayores a los propios candidatos y la crisis política dependerá de la pugna entre votos válidos y votos nulos. La abstención también cuenta, aunque esta figura resta vigor a la democracia, siendo un deber acudir a las urnas y ejercer uno de los tres tipos de votación, reconocidos por ley: voto válido, blanco o nulo. Cada cargo electo en esta jornada tendrá un mandato de seis años.

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

Es la máxima autoridad de la justicia ordinaria. Se elegirán a dos magistrados por departamento, uno titular y uno suplente en alternancia de género.

Dentro de sus atribuciones constitucionales se establece: “Juzgar, como tribunal colegiado en pleno y en única instancia, a la Presidenta o al Presidente del Estado, o a la Vicepresidenta o al Vicepresidente del Estado, por delitos cometidos en el ejercicio de su mandato. El juicio se llevará a cabo previa autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional, por decisión de al menos dos tercios de los miembros presentes, y a requerimiento fundado de la Fiscal o del Fiscal General del Estado, quien formulará acusación si estima que la investigación proporcionó fundamento para el enjuiciamiento”.

TRIBUNAL AGROAMBIENTAL

Administra la justicia agroambiental. Se elegirán a 14 magistrados de los 26 candidatos, siendo designados 7 titulares y siete suplentes.

Como atribuciones constitucionales puede: “Resolver los recursos de casación y nulidad en las acciones reales agrarias, forestales, ambientales, de aguas, derechos de uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, hídricos, forestales y de la biodiversidad; demandas sobre actos que atenten contra la fauna, la flora, el agua y el medio ambiente; y demandas sobre prácticas que pongan en peligro el sistema ecológico y la conservación de especies o animales”.

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Ejerce la fiscalización a los administradores de justicia. Son 14 candidatos, de los cuales 10 serán electos, con cinco titulares y cinco suplentes.

Dentro de las atribuciones constitucionales está “ejercer el control disciplinario de las vocales y los vocales, juezas y jueces; y personal auxiliar y administrativo del Órgano Judicial. El ejercicio de esta facultad comprenderá la posibilidad de cesación del cargo por faltas disciplinarias gravísimas, expresamente establecidas en la ley”.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Es la última instancia para resolver y verificar el cumplimiento de la Carta Magna. Existen 28 candidaturas y serán electos 14 magistrados, siete titulares y siete suplentes de acuerdo al orden de votación.

“En única instancia, los asuntos de puro derecho sobre la inconstitucionalidad de leyes, Estatutos Autonómicos, Cartas Orgánicas, decretos y todo género de ordenanzas y resoluciones no judiciales. Si la acción es de carácter abstracto, sólo podrán interponerla la Presidenta o Presidente de la República, Senadoras y Senadores, Diputadas y Diputados, Legisladores, Legisladoras y máximas autoridades ejecutivas de las entidades territoriales autónomas”, según la CPE.