ARGENTINA - Una estrategia para imponer el miedo y así silenciar las críticas

POR JULIO BLANCK  -  Martes 20 de diciembre, cumbre del Mercosur en Montevideo. La presidenta Cristina Fernández asume la titularidad temporaria del organismo y habla ante sus colegas de la región. Aborda una de sus obsesiones: los medios. Y dice:
“Parece que estuviesen deseando que la crisis nos alcanzara, que los
precios de las commodities se cayeran. Están deseando que nos vaya
mal” .
Jueves 22 de diciembre, entrevista radial en Buenos Aires. El jefe de la Unidad
de Investigaciones Financieras, José Sbatella, advierte que la flamante ley
antiterrorista también puede alcanzar a los medios. Vuelve a explicar que las
especulaciones económicas o cambiarias que afecten la gobernabilidad serán
consideradas terrorismo. Y dice: “Los que generan eso son un núcleo muy
reducido que luego difunden la situación con los medios” . Y agrega,
rematando el pie que le da el entrevistador respecto de esa eventual conducta
de la prensa: “Eso es aterrorizar a la población”.
El hilo conductor de los dos relatos encandila por su extrema claridad: los
medios quieren que nos vaya mal, los medios pueden ser acusados de
terrorismo.
Las circunstancias y los contextos, aún los temas sobre los que formalmente se
discurre, son apenas la cinta transportadora del pensamiento profundo: los
medios que no responden al dictado gubernamental, y por extensión los
periodistas que insisten en mantenerse fuera del universo monocolor del
oficialismo, son el enemigo . Está escrito en la más elemental teoría de
ejercicio del poder: al enemigo hay que aniquilarlo o, al menos, vencerlo
quitándole la voluntad de combatir.
A los medios enemigos y a los periodistas desobedientes hay que
desmembrarlos, ahogarles el sistema productivo, atacarlos personalmente,
difamarlos, descalificar su oficio. Eso, si antes no funciona ninguno los dos
elementos de la primera batería de choque: el convencimiento sincero sobre
la justicia de la causa y las bondades del “modelo”; o la compra desembozada
de voluntades a través de pautas de publicidad oficial, subsidios a cuanto
emprendimiento se ofrezca, cargos públicos y contratos generosos.
La cuestión es que los medios que no comulguen ciento por ciento con el
modelo y su relato, que los periodistas que intenten conservar cierto margen
honorable de independencia y espíritu crítico, podrán ser considerados
enemigos, eventualmente terroristas -como ya fueron considerados
“destituyentes”- y en extremo perseguidos por la ley. Serán culpables, hasta
que alguien demuestre lo contrario.
El disenso se acerca peligrosamente a la condición de delito.
El miedo es el insumo estratégico que alimenta la política de silenciar al
que piensa diferente.
El montaje del escenario para la embestida contra los medios y los periodistas
que no se inclinan ante el poder no guardó el mínimo disimulo. Fue hecho con
la suficiente brutalidad como para tratar de intimidar de antemano.
La ley para que el Gobierno pueda controlar el abastecimiento del papel de
diario, recurso básico que hoy no le falta a ninguna publicación en el país, fue
enviada al Congreso, votada en la Cámara de Diputados, tratada en comisión
esa misma noche y votada luego por el Senado, todo en menos de dos
semanas.
Mientras el proyecto pasaba de una cámara parlamentaria a otra, el Gobierno
pidió a la Justicia la indagatoria de directivos de Clarín y La Nación ,
propietarios de Papel Prensa junto al Estado. Lo que no pudo el burdo libreto
intentado dos años atrás, pretendiendo que la Justicia definiera como delito de
lesa humanidad la compra de esa empresa por parte de los diarios durante la
dictadura, lo puede ahora una ley alcanzada gracias a las mayorías construidas
con el triunfo electoral de Cristina en octubre.
El objetivo, antes y ahora, es el mismo: apretar a los medios, pretendiendo
así condicionar sus contenidos .
La escalada tuvo la coordinación que sólo puede derivar de un comando
político centralizado e indiscutible.
El lune s, un dictamen de Esteban Righi, el Procurador General, recomendó a
la Corte Suprema disponer que se levante la medida cautelar sobre un artículo
de la ley de medios que mantiene en suspenso el desmembramiento del Grupo
Clarín , apuntado de hecho sobre la propiedad de la empresa distribuidora de
televisión por cable Cablevisión.
El martes , un cuestionado juez de Mendoza, activado por la presentación del
grupo mediático Vila-Manzano, ahora aliado del Gobierno y en plan de rapiña,
dispuso la intervención de Cablevisión y su partición en cuatro compañías. El
designado interventor desembarcó acompañado por un grosero despliegue
de la Gendarmería, en un allanamiento destinado a amedrentar a todo aquel
que entienda que la libertad de opinión es un bien de todos y no una gracia que
pueda otorgar o restringir a su antojo cualquier Gobierno, como si fuese dueño
del Estado e intérprete único de la Constitución.
El miércoles , a pedido del Gobierno, un juez inhibió los bienes de La Nación
por 160 millones de pesos, en nombre de una deuda impositiva con la AFIP
que está en debate judicial.
Ayer, jueves , el vicepresidente Amado Boudou remató la obvia carga
demonizadora desde el Senado. Mientras se debatía la ley para Papel Prensa
dijo que Clarín y La Nación “están haciendo un ataque feroz en contra de la
libertad de acceso al papel que necesitan todos los medios y, en
definitiva, en contra de la democracia” .
Por cierto, las empresas deben ajustar siempre su accionar a la ley. Y deben
estar en situación de poder explicar y defender su actuación pasada y
presente. Es parte de su compromiso con la sociedad. Pretender eludir ese
escrutinio sería incompatible con el espíritu y las formas democráticas bajo las
que los habitantes de este país hemos decidido vivir.
Aún con representaciones populares y responsabilidades sociales notoriamente
diferentes, esos mismos preceptos de la democracia valen para ordenar la
acción de cualquier gobierno.
Los periodistas, que nos ganamos la vida trabajando, apenas si podemos
defender nuestro espacio de autonomía . La tensión con el poder está en la
lógica de la profesión. La diferencia de intereses con las empresas está en la
raíz de la relación laboral. Personal y profesionalmente la cuestión es mantener
la decisión de informar y decir en libertad, aunque moleste .
Demasiado silencio acompañó los años más negros de la Argentina. Callarse la
boca, nunca más.