ARGENTINA - Refinancia la Nación las deudas federales

Para cerrar las cuentas del año, la presidenta Cristina Kirchner convocó para hoy, a las 11.30, a todos los gobernadores de las provincias que están endeudadas con la Nación, y se espera que les presente un plan para refinanciar sus pasivos.

El esquema planteado por la Presidenta podría consistir en un auxilio financiero de 15.000 millones de pesos o en una prórroga del período de gracia, que vencerá el sábado próximo, durante el cual los gobernadores no pagaron ni el capital ni los intereses. En medio de un clima de honda consternación por el cáncer de tiroides que se le detectó a la jefa del Estado, 18 gobernadores asistirán al Salón Mujeres Argentinas de la Casa Rosada para escuchar un anuncio presidencial, según admitieron anoche en la Casa Rosada.

Fuentes oficiales y provinciales, confirmaron que ante la presión de los gobernadores endeudados, el Gobierno previó una partida de 15.000 millones de pesos en el presupuesto 2012 dentro de un fondo fiduciario para auxiliar a las provincias. Pero el año próximo los vencimientos que pesan sobre todas ellas es de $ 22.000 millones.

Es posible, según especulaban algunos mandatarios ayer, que para los $ 7000 millones restantes podría prorrogarse el período de gracia o anunciarse un refinanciamiento.

La deuda total de las provincias es de $ 101.000 millones. En mayo de 2010, Cristina Kirchner anunció un plazo de gracia hasta el 31 de diciembre de 2011 durante el que no pagarían nada. Y además refinanció al 6% anual el total de la deuda hasta 2030.

Era un acuerdo conveniente para todos, especialmente en un año electoral como el que termina.

Dentro de ese acuerdo, no se incluyó a los distritos que no están endeudados con la Nación: La Pampa, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y la ciudad de Buenos Aires. Es por ello que sus gobernadores no estarán hoy en la Casa Rosada. Sólo irán los 18 mandatarios restantes. Es posible también que el acuerdo sea presentado como una ampliación del fondo de desendeudamiento provincial.

La asfixia financiera de las provincias tiene otro costado, además de la deuda: el déficit fiscal. Según datos privados, todos los distritos sumarán un rojo de 16.000 millones de pesos en 2012. Eso obligará a muchas provincias a hacer fuertes recortes y ajustes impositivos.

Ese déficit se sumará al de la Nación, que para el año próximo se prevé en 12.000 millones. Por ejemplo, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires anunciaron aumentos en sus impuestos. No se descarta que recurran a otra fuente de ingresos, como regalías o préstamos internacionales.

Fuentes allegadas al gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, confirmaron ayer que iría hoy a la Casa Rosada y que ya anunció obras importantes en su provincia, a sabiendas de que el Gobierno diseñó una salida financiera. Capitanich fue la voz cantante de la negociación de varios gobernadores. Quienes también confirmaron su presencia en Balcarce 50 fueron Daniel Scioli (Buenos Aires), José Manuel de la Sota (Córdoba), Sergio Uribarri (Entre Ríos), Martín Buzzi (Chubut), Francisco Pérez (Mendoza), Eduardo Fellner (Jujuy), José Luis Gioja (San Juan), y el vicegobernador de Tierra del Fuego, Roberto Crocianeli.

De estas provincias obligadas con la Nación, Córdoba a su vez le reclama al gobierno nacional una deuda de $ 1700 millones; Santa Fe una de $ 8000 millones, y Chubut otra de $ 300 millones. San Luis también le exige al Tesoro un atraso de $ 8000 millones, pero no está endeudada con la Nación.

"Tuvimos un período de 18 meses en el cual las jurisdicciones no tuvimos que afrontar pagos de amortizaciones e intereses de nuestra deuda pública", celebró ayer Fellner, de Jujuy. En secreto, los mandatarios esperan otra ayuda de la Nación. La deuda total se compone de viejas obligaciones provinciales con bancos privados y préstamos que otorgó la Nación..

******La situación fiscal / Subsidios en alza

Por Jorge Oviedo | LA NACION

A punto de lanzar los recortes de los subsidios para tratar de achicar el desbordado déficit público, el Gobierno debió aumentar las partidas para atender esas prestaciones hasta que consiga comenzar a cobrar los aumentos en las facturas de los usuarios. Mediante una decisión administrativa, dispuso aumentar el gasto del actual ejercicio en poco más de $ 4100 millones, de los cuales la gran mayoría se destinan a la subvención de servicios públicos y empresas estatales. Sólo para mantener casi congelados los valores de la energía eléctrica mayorista se destinaron 900 millones del total.

Otros ajustes resultaron de menos magnitud, pero resaltan los $ 243 millones adicionales para Aerolíneas Argentinas (ver aparte), una suma casi idéntica a la destinada a la Anses, y los 100 millones de Salud para atención médica de beneficiarios de prestaciones no contributivas.

Por ministerio, el mayor aumento fue para Planificación, que concentra parte de las transferencias a empresas públicas y también los presupuestos de la Dirección Nacional de Vialidad.

También se benefició el Ministerio del Interior, que incorporó los ingresos por la confección de los nuevos pasaportes.

En otros casos se cambiaron fuentes de financiamiento y lo que iba a hacerse con ingresos se hará ahora con deuda interna o crédito externo, lo que en principio significa un aumento del déficit fiscal, que en septiembre estaba previsto en $ 11.000 millones y que según estimaciones privadas como la del Iaraf podría haber llegado, en cambio, a los 34.000 millones.

Las modificaciones presupuestarias también incluyen algunos recortes, como las disminuciones de partidas con las que la Cancillería debió realizar obras en sedes diplomáticas.

Otras, por ejemplo, incluyen el recorte de 35 millones en obras para el apoyo de la infraestructura universitaria en las casas de altos estudios nacionales, realizado desde las partidas de Planificación. Aunque desde la ventanilla de Educación se agregaron fondos para gastos corrientes.

Desde Planificación también se recortó en $ 56,5 millones la partida para la construcción en la ciudad de Buenos Aires de la Agencia Federal de Investigaciones Complejas.

Otros cambios, como los realizados para agregar recursos en el Congreso y el Ministerio de Defensa, apuntan a cubrir las actualizaciones de haberes y asignaciones familiares dispuestas en los últimos meses y que no habían sido puestas en el presupuesto 2011.

Los incrementos de los montos para empresas y servicios públicos muestran las dificultades que el Gobierno enfrentará en 2012 para tratar de achicar la brecha fiscal. Durante todo el año los montos fijados en el presupuesto 2011 resultaron insuficientes para contener las tarifas de gas y electricidad, y los montos asignados se agotaron prácticamente en el primer semestre. Desde entonces hubo incrementos prácticamente mensuales por sumas millonarias que, con la reducción prevista de los subsidios al consumo, deberán ser aportados por los propios usuarios.

Parte de los incrementos tarifarios destinados, por ejemplo, a reducir las subvenciones al consumo de gas no estarán destinadas a las empresas que prestan el servicio, sino a los fondos con que el Gobierno importa el fluido desde Bolivia, por gasoductos y por barco. El déficit de la balanza comercial energética, que este año podría rondar los US$ 4000 millones, según estimaciones privadas, podría llegar en 2012 a un piso de US$ 6000 millones y un techo de 8000 millones, dependiendo de cómo evolucione el nivel de actividad, cómo reaccione el consumo ante la suba de tarifas y lo frío que pueda resultar el invierno.

Se trata de un problema importante, en momentos en que las autoridades hacen toda clase de maniobras para evitar la salida de divisas al exterior.

El aporte de gas desde Bolivia había entrado en los últimos días en zona de conflicto por los roces entre dos regiones que se disputan las regalías de uno de los mayores yacimientos con que Repsol abastece a la Argentina.

Las reducciones de subvenciones también incluyen a AySA, que en esta modificación presupuestaria recibió 230 millones de pesos. La intención de la concesionaria del servicio de agua es obtener una tarifa que logre cubrir el costo de la operación, aunque las grandes obras de infraestructura, por su costo y complejidad, deberían continuar financiándose con partidas presupuestarias.

Los aumentos tarifarios y la consecuente disminución del gasto en subsidios deben comenzar con los consumos realizados a partir del 1° de enero próximo.

El proyecto de presupuesto 2012 incluye la transformación del déficit de 2011 en leve superávit, pero el cierre del actual ejercicio, con un rojo mucho mayor que el calculado, parece dificultar las cosas. Los pronósticos menos pesimistas calculan que los ingresos fiscales no crecerán al ritmo en que lo estuvieron haciendo este año y que, por ejemplo, por retenciones en trigo ingresaría 35% menos en el primer trimestre.

En tanto, aunque la demanda China evitaría mayores caídas del precio de la soja, el precio máximo esperado rondaría los 450 dólares por tonelada, menos que lo que necesitaría el Estado para recaudar retenciones que impidan un ajuste mayor.