Informe revela graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela
El informe revela una situaci贸n alarmante caracterizada por torturas, abusos y desapariciones forzadas de personas.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha publicado su informe anual correspondiente al año 2023, donde se documentan de manera contundente numerosos casos de violaciones a los derechos humanos en Venezuela durante el mandato de Nicolás Maduro.
Organizaciones no gubernamentales como Provea y el Centro Gumilla han documentado cientos de asesinatos en operativos de seguridad llevados a cabo por las fuerzas de seguridad del régimen, siendo los jóvenes varones de áreas pobres las principales víctimas. Según el informe, hasta agosto del 2023, el Monitor de Uso de Fuerza Letal registró 432 muertes relacionadas con las fuerzas de seguridad, siendo la Policía Nacional Bolivariana la más implicada en estos casos.
El informe también destaca la participación de grupos armados no estatales y bandas criminales en actos de violencia, tráfico humano y explotación de comunidades indígenas, como los Yanomami. Se han señalado acusaciones de reclutamiento forzado de niños por parte de estos grupos armados, respaldados por el régimen de Maduro durante el período de abril de 2022 a marzo de 2023.
El Foro Penal y la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia han denunciado cientos de casos de tortura que no han sido reportados por temor a represalias. Las víctimas han sufrido tratos crueles, como asfixia, descargas eléctricas y fracturas de huesos, lo que revela la impunidad con la que actúan las fuerzas del régimen.
El informe también pone de manifiesto la falta de transparencia por parte de las instituciones controladas por Maduro. La Defensoría del Pueblo, afín al régimen, no ha publicado estadísticas sobre denuncias de tortura por parte de la policía durante el año. Además, se ha denunciado que representantes de Maduro han influenciado de manera selectiva y subjetiva las investigaciones realizadas por el fiscal general y los defensores públicos.
En relación a las desapariciones forzadas, se han documentado numerosos casos denunciados por organizaciones como FundaRedes, especialmente en los estados fronterizos. Muchas de estas desapariciones han sido atribuidas a organizaciones delictivas dedicadas a la extorsión. Sin embargo, se cree que muchas desapariciones no son denunciadas por miedo a represalias o desconfianza en las instituciones controladas por Maduro.
El informe también hace hincapié en el deterioro de la libertad de expresión en Venezuela. Se han impuesto leyes que castigan con prisión las injurias al presidente y a funcionarios de menor rango. La Ley Constitucional contra el Odio para la Convivencia Política y la Tolerancia ha sido utilizada para silenciar a activistas y periodistas, limitando sus derechos y exigiendo comparecencias periódicas ante los tribunales.
En el ámbito laboral, se han registrado violaciones significativas a la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva, con interferencia en las elecciones sindicales y persecución de activistas mediante el uso de leyes antiterroristas. Además, se ha señalado la situación precaria de hasta el 40% de la población trabajadora en el sector informal, donde las leyes laborales no se hacen cumplir.
También se han reportado ataques discriminatorios contra la comunidad LGBTQI+, incluyendo violencia contra mujeres transgénero. A pesar de las denuncias, el régimen de Maduro no ha tomado medidas para reconocer y proteger adecuadamente a esta población vulnerable.
Nicolás Maduro y su régimen continúan recibiendo condenas internacionales por su papel en perpetuar un ciclo de abusos contra los derechos humanos en Venezuela. Informes de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU y de la Corte Penal Internacional han resaltado su responsabilidad en esta situación sin precedentes en el país.
Redacción con información de Infobae
