ZONA FRANCA : EN CUMPLIMIENTO DE EXIGENCIAS INTERNACIONALES

 

Mientras el Parlamento trata la iniciativa del gobierno de una serie de modificaciones legales al régimen de zonas francas, un reciente reporte de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) incluyó a Uruguay entre las jurisdicciones con "incentivos fiscales dañinos" y cuyas normas no respetan la acción 5 del Plan BEPS para el combate a la evasión.

La revisión entre pares que realizó el organismo multilateral, advirtió sobre el régimen global de zonas francas —cuyos cambios legales está discutiendo la Comisión de Hacienda de Diputados - los beneficios dados al sector del software y la biotecnología —fueron modificados en la última Rendición de Cuentas—, y los centros de servicios compartidos. Ese reporte de la OCDE señala que en el caso de Uruguay esos régimenes están "en proceso de modificación".

También menciona como regímenes perjudiciales la aplicación del principio de la fuente (que grava únicamente las rentas en territorio nacional) y la Ley de Promoción de Inversiones, aunque sostiene que ambos temas están fuera del alcance del reporte.

La evaluación hecha por el Foro de Prácticas Impositivas Nocivas de la OCDE indagó en las leyes tributarias de los países que adhirieron al Marco Inclusivo BEPS (Uruguay lo suscribió en 2016) y las comparó con lo establecido en la "Acción 5" del plan BEPS. Dicha medida está enfocada en "los incentivos fiscales (regímenes tributarios preferenciales) que se aplican a los ingresos comerciales móviles, a los ingresos financieros y de servicios, y a los ingresos de la propiedad intelectual", explicó la OCDE en su web.

En un artículo, el organismo repasó que de los 164 regímenes inspeccionados en los últimos 12 meses en más de 100 jurisdicciones, se detectaron 99 que requieren cambios (en 93 de estos casos las modificaciones se han completado o están en curso como en Uruguay). Para la OCDE el foco está en cumplir con "el requisito de que los contribuyentes que se benefician de un régimen deben asumir por sí mismos la actividad comercial principal, asegurando la alineación de los impuestos con la sustancia comercial genuina".

En ese sentido, el profesor de la cátedra de Impuestos de la Universidad ORT, Fabián Birnbaum, dijo a El País que "se apunta a evitar que las empresas multinacionales puedan hacer 

estructuras internacionales que le permitan tener una tasa de tributación global menor". Para alcanzar eso, se pretende intensificar los controles sobre "el intangible y la sustancia" de las 

compañías que acceden a regímenes preferenciales, para evitar que "aprovechen una exoneración si no generaron una ganancia" o si el beneficiario es "una empresa de papel".

 

Ya en julio al comparecer ante el Parlamento, el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, había advertido que el conjunto de cambios propuesto por el gobierno al régimen de zonas francas "responden a la necesidad de avanzar en mejoras a efectos de que Uruguay no sea incluido en una lista negra y que, por lo tanto, quienes producen servicios desde zonas francas, software o biotecnología no tengan problemas a la hora de exportar".

Birnbaum dijo que con la anterior legislación para los servicios de software "podías acceder a una exoneración y no te pedían que el software fuera creado en Uruguay". En la Rendición de Cuentas se estableció que los beneficios se otorgarán aplicando una regla de proporción "en función de los gastos en que haya incurrido (la empresa) para generar" los activos, detalló el tributarista.

Añadió que es similar el cambio introducido respecto a las exoneraciones para los servicios de biotecnología. Es decir que ambos aspectos ya fueron corregidos por Uruguay, aunque entrarán a regir en 2018.

Otra observación de la OCDE apunta al régimen de zonas francas y Birnbaum manifestó que la exigencia es "que hay que tener sustancia (actividad real) para poder acceder" al esquema de incentivos. Meses atrás, el director de la Asesoría Tributaria del MEF, Fernando Serra, dijo en el Parlamento que los cambios buscan "que se otorguen beneficios siempre que el Estado pueda controlar que realmente se hace una actividad de carácter sustantivo".

Acerca de la advertencia sobre el principio de la fuente, el profesor de la ORT explicó que en Uruguay puede darse que "tengas una sociedad local y ganes dinero afuera sin pagar impuestos, lo que puede provocar que las empresas quieran migrar parte de sus activos para aprovechar eso".

La OCDE señaló que "las jurisdicciones cuyos regímenes tengan características dañinas" deberán ajustar su normativa "a más tardar en octubre de 2018". Birnbaum subrayó que la revisión "no tiene ninguna base jurídica ni implica que Uruguay deba hacer lo que le dicen", pero es una decisión alinearse con los estándares de transparencia.

Normas BEPS.

El plan BEPS (Base Erosion and Profit Shifting Project en inglés, término utilizado para definir las prácticas de evasión y erosión fiscal empresarial) fue elaborado por el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE y aprobado en 2013. Incluye 15 acciones para luchar contra la planificación impositiva que realizan las multinacionales.

 

 

La OCDE pretende que las empresas que accedan a los regímenes especiales tengan sustancia (una actividad real). La normativa local se va a modificar en ese sentido y otorgará beneficios siempre que el Estado pueda corroborar que se realiza una actividad sustancial.

Desde 2018 se otorgarán exenciones fiscales a los servicios de software aplicando una regla de proporción en función de los gastos de la empresa para generar los activos. Hasta ahora no se exigía que el software fuera producido en Uruguay.

 

Aunque está fuera del ámbito del informe, la OCDE advierte por la Ley de Inversiones y el principio de la fuente para gravar las rentas. Ambas modalidades podrían ser aprovechadas por las firmas multinacionales para erosionar su base fiscal en otros países.

Economía consensuó artículos con las empresas.

La Comisión de Hacienda de Diputados tiene bajo estudio dos proyectos de ley vinculados a las zonas francas: uno ya aprobado en el Senado con un conjunto de cambios a la normativa 

vigente y siete artículos que fueron desglosados de la Rendición de Cuentas. El primero de los textos lleva varios meses de debate en el Parlamento y ayer asistieron para brindar su postura las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Allí presentaron un sustitutivo para el artículo 9 del proyecto que llegó con consenso político desde la Cámara Alta porque insisten que hay riesgo de evasión al habilitar a las zonas francas del interior a tener oficinas en Montevideo. El diputado blanco, Jorge Gandini, informó a El País que la nueva redacción "le busca una vuelta, pero en los hechos impide (abrir locaciones en la capital) porque (el MEF) sostiene que eso arriesga que la OCDE tenga una visión negativa sobre todo el régimen de zonas francas". Añadió que el Partido Nacional respetará el acuerdo alcanzando en el Senado y no votará el sustitutivo, restando saber qué hará el oficialismo, donde ya hubo discrepancias entre el astorismo y el resto de los sectores acerca de este tema. 

 

Respecto a los demás artículos en análisis y tras las quejas planteadas por la Cámara de Zonas Francas (CZFU) en el Parlamento, hubo una negociación con el MEF que derivó en que se elimine el artículo 260 —la CZFU había advertido que podría afectar el e-commerce— y se presente una redacción de consenso para el artículo 257 —considerado inconstitucional según un informe del constitucionalista Martín Risso, ya que vulnera derechos adquiridos. Sobre esto último, Gandini señaló que el nuevo texto "relativiza" la medida original que permitía reducir el plazo de autorización a una zona franca cuando se constatara que no contribuía a los objetivos planteados en la ley que creó el régimen promocional. El legislador dijo que espera que ambas iniciativas sean votadas en la Comisión a principios de noviembre para luego ser tratadas en el Plenario.

 

 

Fuente: EL PAIS - MONTEVIDEO - MATHÍAS DA SILVA - 19/10/2017

 

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos1​ (OCDE) es un organismo de cooperación internacional, compuesto por 35 estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. La OCDE fue fundada en 1960 y su sede central se encuentra en el Château de la Muette, en París (Francia). Los idiomas oficiales de la entidad son el francés y el inglés.​

 

En la OCDE, los representantes de los países miembros se reúnen para intercambiar información y armonizar políticas con el objetivo de maximizar su crecimiento económico y colaborar a su desarrollo y al de los países no miembros.

 

La OCDE agrupa a países que proporcionaban al mundo el 70 % del mercado mundial y representaban el 80 % del PNB mundial en 2007.​

 

La OCDE es la sucesora de la Organización Europea para la Cooperación Económica (OECE), resultado del Plan Marshall y de la Conferencia de los Dieciséis (Conferencia de Cooperación Económica Europea), que existió entre 1948 y 1960 y que fue liderada por el francés Robert Marjolin. Su objetivo era el establecimiento de una organización permanente encargada, en primer lugar, de garantizar la puesta en marcha de un programa de recuperación conjunta (el Plan Marshall) y, en particular, de supervisar la distribución de la ayuda.

 

La organización nació cuando veinte países, tanto de América del Norte como de Europa, se adhirieron a la «Convención de la OCDE» llevada a cabo en París el 14 de diciembre de 1960.

 

Actualmente, la OCDE se ha constituido en uno de los foros mundiales más influyentes, en el que se analizan y se establecen orientaciones sobre temas de relevancia internacional como economía, educación y medio ambiente.

 

Los países miembros se comprometen a aplicar los principios de liberalización, no discriminación, trato nacional y trato equivalente.

 

El principal requisito para ser país miembro de la OCDE es liberalizar progresivamente los movimientos de capitales y de servicios.

 

 

Los principales objetivos de la organización son:

 

Contribuir a una sana expansión económica en los países miembros, así como no miembros, en vías de desarrollo económico.

Favorecer la expansión del comercio mundial sobre una base multilateral y no discriminatoria conforme a las obligaciones internacionales.

Realizar la mayor expansión posible de la economía y el empleo y un progreso en el nivel de vida dentro de los países miembros, manteniendo la estabilidad financiera y contribuyendo así al desarrollo de la economía mundial.

El órgano supremo es el Consejo, que se encarga de la supervisión y dirección estratégica, integrado por representantes de los países miembros y de la Comisión Europea. La toma de 

decisiones se hace por consenso.

 

La Secretaría lleva a cabo el análisis y hace propuestas. Desde junio de 2006, el Secretario General es el mexicano José Ángel Gurría; además, se cuenta con cuatro Secretarios Generales Adjuntos que asisten al Secretario General en sus funciones.

 

Representantes de los 35 países miembros se reúnen e intercambian información en comités especializados, para discutir y revisar los progresos alcanzados en áreas de políticas específicas, como ciencia, comercio, economía, educación, empleo o mercados financieros. Existen alrededor de 200 comités, grupos de expertos y grupos de trabajos.

1948-1955: Francia Robert Marjolin

1955-1960: Francia René Sergent

1960-1969: Dinamarca Thorkil Kristensen

1969-1984: Bandera de Países Bajos Emiel van Lennep

1984-1994: Bandera de Francia Jean-Claude Paye

1994-1994: Bandera de Suecia Staffan Sohlman

1994-1996: Bandera de Francia Jean-Claude Paye

1996-2006: Bandera de Canadá Don Johnston

Originalmente, veinte países se adhirieron a la Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos del 14 de diciembre de 1960. Desde entonces, quince países se han sumado y se han convertido en miembros plenos de la Organización. Por orden de ingreso, los países miembros de la OCDE y las fechas en que depositaron el instrumento de ratificación son:​

 

Canadá: 10 de abril de 1961 

Estados Unidos: 12 de abril de 1961

Reino Unido: 2 de mayo de 1961

Dinamarca: 30 de mayo de 1961

Islandia: 5 de junio de 1961

Noruega: 4 de julio de 1961

Turquía: 2 de agosto de 1961

España: 3 de agosto de 1961

Portugal: 4 de agosto de 1961

Francia: 7 de agosto de 1961

Irlanda: 17 de agosto de 1961

Bélgica: 13 de septiembre de 1961

Alemania: 27 de septiembre de 1961

Grecia: 27 de septiembre de 1961

Suecia: 28 de septiembre de 1961

Suiza: 28 de septiembre de 1961

Austria: 29 de septiembre de 1961

Países Bajos: 13 de noviembre de 1961

Luxemburgo: 7 de diciembre de 1961 

Italia: 29 de marzo de 1962

Japón: 28 de abril de 1964

Finlandia: 28 de enero de 1969

Australia: 7 de junio de 1971

Nueva Zelanda: 29 de mayo de 1973

México: 18 de mayo de 1994

República Checa: 21 de diciembre de 1995

Hungría: 7 de mayo de 1996

Polonia: 22 de noviembre de 1996

Corea del Sur: 12 de diciembre de 1996

Eslovaquia: 14 de diciembre de 2000

Chile: 7 de mayo de 2010

Eslovenia: 21 de julio de 2010

Israel: 7 de septiembre de 2010

Estonia: 9 de diciembre de 2010

Letonia: 1 de julio de 2016

La Unión Europea está considerada como una organización participante.​

 

Fuente: Datos oficiales

Francia va a proponer a la Comisión Europea que cambie el mandato para la negociación de un acuerdo de libre comercio con los países del Mercosur, para pedir que se incluya en la discusión la seguridad alimentaria, dijo el embajador francés en Brasil, Michel Miraillet.

   

 

Según el diplomático, otros cuatro o cinco países apoyarían a Francia en la reunión de la Comisión Europea de esta semana en Bruselas. "No sabemos qué va a pasar, pero la propuesta se hará.

 

El mandato es de 1999 y necesita cambios", dijo el embajador. Uno de los asuntos centrales, dijo Miraillet, es la seguridad de los alimentos, que tiene mucha importancia para Francia tras varios escándalos. 

 

REUTERS - 19 - 10 - 2017