Brasil pide revisar “la letra chica� de la adhesión argentina al Tratado Transpacífico

 

En el centro del debate aparece la necesidad de evaluar si la iniciativa se mantiene dentro de los compromisos asumidos por los Estados miembros del bloque. El punto de conflicto no es solo la adhesión al acuerdo comercial, sino también el alcance de obligaciones que podrían derivarse para la coordinación regional.

 

Desde Brasil se remarca que el gobierno de Lula da Silva entiende la integración con el mundo como una política de Estado, pero con prioridad “desde el Mercosur”. Esa mirada choca con la forma en que avanzó Argentina, impulsada por la decisión de buscar un salto comercial sin pasar primero por los canales internos del bloque.

 

En el Gobierno argentino, por su parte, no niegan la incomodidad que generó el anuncio. Sin embargo, señalan que otros socios del Mercosur también persiguieron vínculos con terceros países en distintos momentos y que, por lo tanto, el reclamo brasileño no debería traducirse en un freno político.

 

El propio caso de Uruguay aparece como argumento para sostener que la adhesión a este tipo de acuerdos puede avanzar sin vetos internos. Mientras tanto, en Argentina se estima que el proceso demandaría al menos un año, de modo que las discusiones podrían concentrarse más en el “cómo” que en el “cuándo”.

 

La agenda del Mercosur, además, suma presión al calendario. El 29 y 30 de este mes, los presidentes volverán a reunirse en Asunción, donde Milei y Lula podrían reencontrarse luego de tensiones previas, incluyendo el faltazo brasileño a un encuentro en el que se selló un acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea.

 

Un experto en comercio internacional planteó que cualquier adhesión o pacto de libre comercio fuera de la zona requiere consenso de los cuatro países miembros o, como mínimo, autorización para iniciar negociaciones. El debate, entonces, no quedaría limitado a la discusión bilateral, sino que se extendería a la arquitectura decisoria del bloque.

 

En paralelo, la iniciativa despertó críticas desde el kirchnerismo. El planteo oficial para incorporar el Tratado Transpacífico fue cuestionado por considerarse una cesión de herramientas vinculadas con la política industrial y, además, por las preocupaciones que surgen en torno a la inclusión de territorios sensibles en el marco del acuerdo.

 

El Gobierno respondió con un contrapunto que apunta a los efectos económicos. Sostiene que el tratado abarca a casi 600 millones de personas y que forman parte del acuerdo países de la región y otras economías relevantes, lo que ampliaría alternativas de inserción comercial para Argentina.

 

También aseguran que no se afectaría la producción nacional y que, en caso de intentos de incorporar en la aplicación del tratado cuestiones relacionadas con las Islas Malvinas, el país objetaría esa pretensión. Con ese esquema, la discusión interna en el Mercosur parece inevitable, pero la decisión argentina de avanzar no aparece como negociable.

 

Si el Mercosur logra procesar el conflicto, la cumbre de Asunción será el escenario clave. Allí se verá si la adhesión argentina se encauza como un acuerdo compatible con las reglas del bloque o si instala una nueva etapa de revisión sobre cómo se coordinan las negociaciones con terceros.

 

Redacción con información de LN