Integración eléctrica en el Mercosur puesta al crecimiento regional

 

La propuesta se apoya en una premisa política y regulatoria: la integración energética requiere estabilidad jurídica y coordinación entre los Estados. La función de los gobiernos no se limita al anuncio de objetivos, sino que se vincula con marcos regulatorios uniformes, acuerdos que habiliten previsibilidad y una coordinación diplomática sostenida para evitar bloqueos en la implementación.

 

Esa arquitectura estatal, sin embargo, no sería suficiente sin la intervención del sector privado. La expansión de infraestructura eléctrica demanda compañías generadoras, operadores, banca especializada, fondos de infraestructura y también empresas tecnológicas capaces de acelerar digitalización de redes, gestión de activos y ciberseguridad. Así, la integración se piensa como un negocio regional con reglas claras y riesgos evaluables.

 

En concreto, la interconexión eléctrica es presentada como un proyecto que permitiría optimizar recursos energéticos, reducir vulnerabilidades y mejorar la seguridad de suministro. También se considera un factor relevante para la estabilidad de precios y para atraer inversiones industriales vinculadas a nuevas tecnologías, desde centros de datos para inteligencia artificial hasta electromovilidad y proyectos asociados al hidrógeno verde.

 

La región, además, dispone de un mix energético “extraordinariamente complementario”. Brasil cuenta con un sistema eléctrico de gran escala y un esquema donde predominan hidroeléctricas, con expansión creciente de solar y eólica, y con una demanda industrial que exige respaldo regional. Proyecta inversiones superiores a $2.000 millones para fortalecer la interconexión eléctrica con Bolivia, incluyendo infraestructura y refuerzos de transmisión.

 

Paraguay, por su parte, reúne una base hidroeléctrica relevante con Itaipú y Yacyretá, y también exhibe potencial en generación solar. La lógica planteada es clara: aprovechar excedentes, mejorar transmisión y diversificar fuentes para sostener la industrialización futura. En el caso de Argentina, el foco se coloca en reservas de gas natural en Vaca Muerta, junto con el impulso a fuentes renovables y el avance regulatorio que da espacio a una expansión de generación eléctrica vía nuclear, estimada en torno a 140 TWh, además de la monetización de gas y electricidad mediante exportaciones regionales.

 

Uruguay aparece como referencia por su matriz renovable avanzada, mientras que Bolivia es ubicada como pieza estratégica por su ubicación geográfica y potencial gasífero aún por desarrollar plenamente en la transición energética. A esto se suma la consolidación de corredores: en 2025 se concretó por primera vez la exportación de gas argentino hacia Brasil utilizando infraestructura boliviana, un antecedente que puede transformarse en eje estructural de complementariedad.

 

Uno de los principales obstáculos se resume en el mismo concepto: convertir excedentes nacionales que hoy permanecen aislados en una red regional que realmente distribuya energía según necesidades de cada territorio. Con ese objetivo, se plantea la creación de una instancia permanente dentro del Mercosur orientada a articular proyectos y oportunidades público-privadas vinculadas a generación, transmisión y distribución eléctrica.

 

En paralelo, se sugiere relanzar, reformar y modernizar mecanismos de coordinación regional, incluyendo el fortalecimiento del organismo Urupabol, y dar mayor énfasis a acciones en navegabilidad y, sobre todo, en integración energética, tal como se impulsó con iniciativas y respaldos desde distintos liderazgos. La agenda también contempla reforzar el Sistema de Integración Energética de los Países del Cono Sur (Siesur), con apoyo de instituciones como BID, Olade y CIER, y con foco específico en el sector eléctrico.

 

En los últimos años ya hubo acuerdos concretos, como la ampliación entre Uruguay y Brasil para aumentar capacidad de transmisión de 150 MW hasta aproximadamente 500 MW, con el objetivo de optimizar intercambios bidireccionales. Sin embargo, el salto en escala requiere inversiones que, según estimaciones, podrían superar los $50.000 millones en la próxima década para líneas de transmisión de alta tensión, digitalización de redes, modelos de almacenamiento, upgrades de plantas hidroeléctricas, infraestructura de gas natural y expansión de generación renovable, además de respaldo, ciberseguridad y proyectos de nuclear.

 

La integración energética sudamericana no solo se imagina como una respuesta a una necesidad interna, sino también como una plataforma geopolítica frente al aumento global de demanda por energía limpia. La región cuenta con agua, gas, litio, hidroeléctricas, biomasa, viento y radiación solar, y el futuro depende de abandonar visiones nacionales fragmentadas para avanzar hacia una arquitectura energética continental.

 

En esa dirección, se plantea también integrar a Venezuela, con su potencial ligado a nuevas industrias energéticas, y con la necesidad de impulsar reformas en su industria eléctrica. Así, el llamado “Mercosur energético” podría transformarse en uno de los mercados eléctricos integrados más relevantes del hemisferio sur, donde recursos complementarios, crecimiento tecnológico y necesidad internacional conviertan la interconexión eléctrica regional en una oportunidad histórica para Sudamérica.

 

Redacción con información de El Nacional