Organizaciones del campo cuestionan el acuerdo Mercosur-UE ante eurodiputadas

 

El encuentro tuvo lugar el 31 de marzo y contó con la participación de las eurodiputadas Manon Aubry, integrante de La Francia Insumisa, y Saskia Bricmont, del Partido Verde Europeo. Ambas escucharon los planteos de la Mesa Agroalimentaria Argentina, que expresó una mirada crítica sobre el rumbo del acuerdo.

 

Durante la reunión, las organizaciones pusieron el foco en el modelo productivo que, según sostienen, se vería reforzado por este tipo de tratados. Desde esa perspectiva, advirtieron que se consolida un esquema agroexportador concentrado que impacta negativamente en la soberanía alimentaria, las economías regionales y las condiciones de vida de pequeños y medianos productores.

 

Uno de los puntos más sensibles del debate fue el crecimiento del uso de insumos químicos en el agro. De acuerdo con datos expuestos por referentes campesinos, el empleo de estos productos aumentó un 1500% en las últimas décadas, en paralelo con la expansión de cultivos transgénicos. Este proceso, señalaron, estuvo acompañado por el desmonte de 9 millones de hectáreas de bosques nativos y un deterioro sostenido de las condiciones sociales en áreas rurales.

 

En esa línea, los dirigentes sostuvieron que estos fenómenos responden a un modelo productivo orientado por intereses de grandes corporaciones y del capital financiero. Según indicaron, el acuerdo con Europa no solo no revertiría esta tendencia, sino que tendería a profundizarla, ampliando las desigualdades en el sector.

 

También se planteó preocupación por el impacto en las economías regionales. Desde la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, su referente Nahuel Levaggi advirtió que los productores locales quedarían expuestos a una competencia desigual frente a bienes provenientes de Europa. Al mismo tiempo, señaló que esto podría aumentar la presión para intensificar modelos extractivos orientados a la exportación.

 

Otro eje de discusión estuvo vinculado a la regulación de semillas. Las organizaciones campesinas alertaron que el acuerdo podría impulsar cambios normativos que favorezcan la privatización de los recursos genéticos, limitando prácticas tradicionales como el intercambio y la reproducción de semillas, fundamentales para la agricultura familiar.

 

En este contexto, desde la Mesa Agroalimentaria sostuvieron que los principales beneficiarios del tratado serían grandes empresas transnacionales, tanto del sector agroindustrial como financiero. En contraposición, advirtieron que los efectos negativos recaerían sobre las comunidades rurales y el ambiente, profundizando la concentración de la renta y la explotación de los recursos naturales.

 

Las eurodiputadas presentes compartieron parte de estas inquietudes. Ambas forman parte de espacios políticos que dentro de Europa también han expresado objeciones al acuerdo, particularmente en relación con sus implicancias ambientales, sociales y económicas. Esta coincidencia reflejó que el debate trasciende las fronteras y se instala en ambos lados del Atlántico.

 

La visita de la delegación europea incluyó además reuniones con actores institucionales y sociales en Argentina, como representantes del Congreso, la Cancillería y centrales sindicales como la CGT y la CTA de los Trabajadores. El objetivo fue relevar distintas posiciones en torno al acuerdo.

 

Más allá de los aspectos técnicos o comerciales, las organizaciones campesinas plantearon que la discusión de fondo gira en torno al modelo de producción y de alimentación. En ese sentido, advirtieron que el tratado podría acentuar tendencias ya presentes: mayor concentración económica, desplazamiento de productores y una creciente desconexión entre quienes producen alimentos y quienes los consumen.

 

Redacción con información de Tiempo argentino