La reciente decisión del gobierno argentino de reducir significativamente los impuestos a la exportación de productos agrícolas clave, como la soja y el maíz, está generando repercusiones tanto en el sector agropecuario nacional como en los mercados internacionales. El anuncio, realizado el sábado por el presidente Javier Milei, implica una baja en los aranceles de la soja, que pasará del 33% al 26%, y del maíz, que disminuirá del 12% al 9.5%. Esta medida busca mejorar la competitividad de los productores argentinos y ha tenido un impacto inmediato en los precios internacionales de estos granos.
Según reportes de Bloomberg, los precios de la soja y el maíz en Chicago cayeron a sus niveles más bajos en casi dos semanas. Los futuros de la soja disminuyeron un 0.6%, alcanzando los 10,150 dólares por bushel, mientras que el maíz retrocedió un 0.4%, situándose en 4,1725 dólares por bushel. El trigo también experimentó una baja del 0.8%. Este descenso en los precios refleja la expectativa de un aumento en la oferta argentina en un mercado ya saturado, lo que aumentará la competencia para los productores estadounidenses.
Contexto y Motivaciones de la Medida
La reducción de impuestos se enmarca dentro de un contexto crítico para el sector agropecuario argentino, donde los márgenes de rentabilidad han alcanzado niveles históricamente bajos. Según el análisis de ONE 618, muchos productores, especialmente aquellos que operan sobre tierras arrendadas, se han visto forzados a reconsiderar su actividad debido a la combinación de precios internacionales bajos y la apreciación del tipo de cambio real desde principios de 2024. Esta situación ha llevado a algunos arrendatarios a optar por no sembrar, mientras que otros recurren a tecnologías mínimas que reducen aún más los rendimientos.
La decisión de Milei se extiende más allá de la soja y el maíz, abarcando también derivados de la soja, girasol, sorgo y carne vacuna, con reducciones proporcionales en cada caso. Este enfoque es un intento de prevenir una caída en la superficie sembrada y estimular la inversión en tecnología, especialmente entre pequeños y medianos productores.
Implicaciones Fiscales y Políticas
Desde una perspectiva política, la medida busca fortalecer el apoyo en provincias agrícolas clave, como Córdoba y Santa Fe, que son esenciales para el núcleo electoral del gobierno. ONE 618 señala que esta estrategia permite al gobierno evitar un posible rechazo público y recibir respaldo de sectores agropecuarios en eventos como la exposición de la Sociedad Rural.
El costo fiscal de la reducción de impuestos se estima en aproximadamente 600 millones de dólares, equivalente al 0.1% del Producto Interno Bruto (PIB). Aunque esta cifra es menor que el costo potencial de otros planes en discusión, como el aumento de pensiones, su impacto se reflejará principalmente en 2026, dado que la mayor parte de la cosecha de este año ya ha sido comercializada.
El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) advierte que el costo fiscal concreto dependerá de cuánto aumente la producción y el saldo exportable. Si la base imponible crece proporcionalmente a la reducción de la alícuota, el impacto fiscal podría ser neutral. Además, se anticipa que la baja en impuestos podría traducirse en mayores ingresos por el impuesto a las ganancias y tributos provinciales, gracias al aumento en la rentabilidad y facturación de los productores.
La reducción de derechos de exportación no solo busca reactivar el sector agropecuario argentino, sino que también transforma la estructura del federalismo fiscal en el país. Al disminuir la contribución de las provincias productoras, se altera la distribución de recursos entre la Nación y las provincias, lo que requiere un análisis cuidadoso de los efectos de la medida sobre el equilibrio fiscal y la relación entre los distintos niveles de gobierno. En un contexto de presiones de precios y expectativas de oferta abundante, esta decisión del gobierno de Milei marca un paso significativo hacia la revitalización del agro argentino.
Redacción con información de Infobae