Gobierno argentino apela fallo sobre YPF

El Gobierno argentino ha presentado un escrito ante la justicia estadounidense solicitando la suspensión del fallo emitido por la jueza Loretta Preska, que ordena la transferencia del 51% de las acciones de YPF a los fondos demandantes Burford y Eton Park. En su argumentación, el Gobierno advierte que esta decisión podría causar un “daño irreparable” al país y señala que la magistrada se ha excedido en su jurisdicción.

 

El escrito, elaborado por la defensa argentina, establece que no hay posibilidad material de expropiar las acciones, ya que estas están registradas en la Caja de Valores y son de imposible transferencia sin la autorización del Congreso de la Nación. “Las decisiones sobre la expropiación de la petrolera deben ser sometidas a votación y requieren una mayoría especial de dos tercios”, enfatiza el documento.

 

El Gobierno subraya que este caso no se trata simplemente de un juicio comercial entre dos empresas, sino que involucra a un Estado soberano y su marco legal. En este sentido, el texto advierte sobre las “consecuencias irreparables” que podría acarrear la entrega de las acciones de YPF antes de que se defina la cuestión de fondo. “No se puede poner al genio de vuelta en la botella”, afirman los abogados en la presentación, señalando que, si las acciones se transfieren y luego se venden, el daño sería irreversible.

 

YPF, la principal empresa energética del país, emplea a más de 23,000 personas y su control está garantizado por la legislación argentina. Desde el Gobierno se ha confirmado que el proceso de apelación está en marcha, aunque se enfrenta a demoras por las complejidades de la causa. La secretaria Legal y Técnica, María Ibarzaba Murphy, y el procurador General de la Nación, Eduardo Casal, están trabajando en la apelación, que debe presentarse antes de los 14 días hábiles establecidos por la jueza.

 

Manuel Adorni, vocero presidencial, afirmó en su cuenta de X que el fallo de la jueza es “jurídicamente inaplicable”. Explicó que contradice la Ley 26.741, que requiere autorización del Congreso para cualquier acción relacionada con YPF, y que ignora la inmunidad soberana del Estado argentino. Adorni también resaltó que las acciones no están en poder del Estado ni son legalmente transferibles.

 

Por otro lado, fuentes cercanas a la causa sugieren que sería beneficioso para el Gobierno argentino considerar la posibilidad de negociar con los fondos buitres. Sin embargo, para que se lleve a cabo cualquier negociación, sería necesario obtener permiso del Congreso, donde el panorama político del oficialismo es adverso.

 

Este desarrollo en la causa de YPF continúa generando un intenso debate sobre la soberanía económica de Argentina y su capacidad para manejar sus recursos energéticos en un contexto de litigios internacionales.

 

Redacción con información de Infobae