Mercosur-UE obliga a exportadores argentinos a adaptarse para llegar a Europa
El acuerdo abre mercados pero implanta exigencias estrictas de trazabilidad, controles ASG y certificaciones; las empresas que no se adecúen pueden perder clientes europeos
El acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur redefine no sólo aranceles sino también las condiciones que impondrá el principal cliente europeo a sus proveedores. Más allá de la eliminación de más del 90% de los aranceles sobre productos agroindustriales y minerales, el tratado incorpora exigencias de sostenibilidad que condicionarán el futuro de las exportaciones argentinas.
Para los sectores que dominan las ventas al exterior —carne bovina, soja, bioetanol y metales— el acceso al mercado europeo dependerá cada vez más de trazabilidad, certificaciones y pruebas que demuestren ausencia de deforestación o violaciones laborales. Las normas europeas se traducen en requisitos concretos: geolocalización de parcelas, mapeo de cadenas de suministro y auditorías independientes.
La Unión Europea ha desplegado un paquete legislativo que incluye el Reglamento de Deforestación (EUDR), la Directiva sobre Diligencia Debida en Sostenibilidad Corporativa (CSDDD) y la Directiva sobre Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD). Esas reglas funcionan de manera complementaria y alcanzan, en la práctica, a proveedores de terceros países, exigiendo transparencia y responsabilidad en toda la cadena de valor.
En Argentina ya se avanzó en respuestas puntuales: existe un sistema de certificación para carne bovina libre de deforestación integrado con la plataforma Visec, que fue piloteado junto a Alemania. Esa iniciativa apunta a demostrar, lote por lote, que los envíos no están vinculados a la deforestación posterior a 2020, condición que la UE considera innegociable para ciertos productos.
El cumplimiento no es sólo técnico: tiene consecuencias comerciales. Las empresas que no puedan aportar documentación verificada enfrentarán riesgos de desvinculación, inspecciones y pérdida de contratos. Bajo la CSDDD, los compradores europeos pueden exigir remediaciones, cláusulas contractuales y auditorías; la CSRD, por su parte, obliga a publicar impactos ambientales y sociales, lo que aumenta la presión sobre toda la cadena.
Las pymes, que no están siempre bajo el alcance directo de algunas de estas normativas, sentirán la presión de forma indirecta. Muchas deberán suministrar datos verificables —uso del agua, conversión de tierras, condiciones laborales— para mantenerse como proveedores. Eso implica costos crecientes en trazabilidad, mapeo de fincas y certificaciones de terceros.
Frente a ese escenario, las empresas tienen una elección estratégica: ver las reglas ESG como una barrera burocrática o como una palanca para modernizar procesos y mejorar la competitividad. Quienes inviertan temprano en sistemas de trazabilidad y gobernanza del uso del suelo podrán acceder a relaciones preferenciales y diferenciar sus productos en un mercado que valora estándares ambientales y sociales.
El desafío, además, es de política pública: escalar experiencias piloto a políticas sectoriales que acompañan a productores y pymes, fortaleciendo la gobernanza y los controles internos. Sin esa articulación, existe el riesgo de que la demanda de sostenibilidad europea provoque exclusión productiva en lugar de promover una reconversión justa y competitiva.
En definitiva, el acuerdo UE-Mercosur desplaza la frontera del comercio hacia la sostenibilidad. Para Argentina, la apuesta pasa por transformar su riqueza natural en una ventaja estratégica mediante trazabilidad, diligencia debida y transparencia; De no hacerlo, la nueva regulación funcionará como un filtro que seleccionará qué empresas conservan acceso al mercado europeo.
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Redacción con información de EFE
