El Parlamento Europeo frena el pacto con el Mercosur y traslada el conflicto a la justicia
La votación en Estrasburgo determinó que el Tribunal de Justicia de la UE evalúe si el tratado firmado en Paraguay cumple con las normativas vigentes del bloque comunitario
El Parlamento Europeo resolvió este miércoles detener el avance del acuerdo de libre comercio con el Mercosur, enviando el expediente directamente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La medida se tomó tras una votación sumamente reñida en Estrasburgo, que finalizó con 334 votos a favor de la paralización frente a 324 en contra, evidenciando la profunda división política que genera este tratado.
A partir de ahora, el máximo tribunal con sede en Luxemburgo tiene la tarea de examinar minuciosamente si el documento rubricado recientemente en Paraguay se ajusta a los tratados constitutivos de la organización. Este proceso legal busca determinar si los términos acordados respetan la arquitectura jurídica y las competencias del bloque de los 27 países miembros.
La noticia fue recibida con manifestaciones de júbilo por parte de los agricultores apostados frente a la sede legislativa, quienes ven en el acuerdo una amenaza directa a su competitividad. En contraste, la Comisión Europea lamentó el resultado, defendiendo la validez del texto que la presidenta del organismo, Ursula von der Leyen, había formalizado apenas unos días atrás junto a los líderes sudamericanos.
El acuerdo en cuestión había sido sellado el pasado 18 de enero en Asunción, contando con la presencia de figuras clave como los mandatarios Javier Milei de Argentina, Yamandú Orsi de Uruguay y el anfitrión Santiago Peña. También participaron del evento los jefes de Estado de Bolivia y Panamá, en el marco de una ceremonia que pretendía consolidar una de las zonas de intercambio comercial más extensas del planeta.
Desde el brazo ejecutivo de la Unión Europea, el portavoz Olof Gill manifestó que los cuestionamientos planteados por los eurodiputados carecen de justificación técnica según sus análisis previos. No obstante, el organismo mantiene la facultad teórica de aplicar el tratado de forma provisional, aunque el escenario judicial actual añade un componente de incertidumbre sobre el calendario previsto.
El proyecto de integración busca conectar a más de 720 millones de consumidores, eliminando barreras arancelarias entre Europa y los países del Cono Sur. Sin embargo, un grupo de 144 legisladores ya había advertido sobre posibles colisiones normativas, especialmente en lo referido a la capacidad de la región para fijar políticas ambientales autónomas y estándares de salud para sus ciudadanos.
Francia se posicionó rápidamente como el principal impulsor político de este freno legislativo. El gobierno de Emmanuel Macron sostiene que el ingreso masivo de productos como carne vacuna, azúcar y aves de corral perjudicaría gravemente a sus productores rurales. El ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, calificó la decisión parlamentaria como un triunfo de la postura gala en defensa de la soberanía alimentaria.
Se estima que el Tribunal de Justicia podría demorar hasta dos años en emitir un dictamen definitivo sobre la legalidad del convenio. Mientras tanto, el proceso de ratificación plena queda en suspenso, extendiendo el prolongado debate sobre las condiciones de reciprocidad comercial y las salvaguardas ambientales que deben regir entre ambos continentes.
Redacción con información de EFE y AFP
