VENEZUELA SE DEBATE AL BORDE DE LA GUERRA CIVIL

 

La mayoría opositora en el Parlamento venezolano rechazó el martes el estado de excepción decretado por el presidente Nicolás Maduro, una decisión que podría elevar la tensión en el país en momentos en que se han agudizado la escasez de bienes y las largas filas para adquirirlos, publicó Reuters.

 

Maduro firmó el viernes un decreto de excepción y emergencia económica, que se extenderá todo este año y parte del 2017, con el argumento de que requiere poderes especiales para luchar contra la “guerra económica” de empresarios y políticos, a los que responsabiliza por la crisis venezolana.

 

La oposición sostiene que las filas para adquirir alimentos y medicinas y las fallas en los servicios públicos son el corolario de más de tres lustros de políticas que han arruinado la industria local y agravado la dependencia de los precios del crudo.

 

El decreto requiere la aprobación de la Asamblea Nacional. Sin embargo, en enero, al ser rechazada por el Parlamento una ley similar, fue al Tribunal Supremo de Justicia que la declaró vigente.

 

“Es un decreto hecho para meterle miedo a los venezolanos frente a la crisis que está sufriendo el país”, afirmó el diputado Julio Borgues, líder de la bancada opositora, que negó su apoyo a las medidas excepcionales firmadas por el presidente. “(A Maduro) lo único que le interesa es la perpetuación en el poder”, afirmó Borgues.

 

Por su parte, el excandidato presidencial en Venezuela, Henrique Capriles, hizo un llamamiento a desobedecer el decreto de Estado de Excepción que le da poderes especiales al presidente Nicolás Maduro, según BBC. “Maduro va a tener que sacar los tanques para aplicar el estado de excepción”, dijo Capriles.

 

Pero es que, encima, el régimen de Nicolás Maduro bloqueó las actividades de Cáritas en Venezuela, no sólo las de carácter humanitario y sanitario, sino también su página web y los contactos telefónicos, para ocultar la grave crisis en la que el país está sumido. Y ha prohibido a la organización Cáritas España la distribución de medicinas y equipos sanitarios en los sectores humildes.

 

El bloqueo oficial a la ayuda humanitaria internacional ha sido denunciado por diferentes ONG. No obstante, el régimen chavista se empeña en cerrar la puerta a la entrada de medicamentos, mientras los hospitales registran muertes por falta de material sanitario.

 

En España, el padre Santiago Martín denunció en el diario ABC que el gobierno de Maduro no permite a Cáritas llevar ayuda humanitaria al país, después de que la Conferencia Episcopal Venezolana se refiriera a “la gravísima situación” de los venezolanos en su segunda exhortación pastoral de este año.

 

Edsel Moreno, enlace entre el partido Voluntad Popular y Cáritas de Venezuela, indicó al diario ABC que “Maduro no permite a la organización religiosa que brinde ayuda humanitaria con la distribución de medicamentos porque pondría en evidencia la grave crisis que sufren los enfermos venezolanos y la cantidad de muertes que se producen en los hospitales y clínicas privadas por falta de material sanitario y medicinas. Es el motivo del bloqueo”.(Confidencial-Andrés Velázquez-18/05/2016)

 

 

 

 

Maduro decreta un nuevo estado de excepción y restringe las garantías constitucionales.

 

El decreto firmado por el mandatario venezolano autoriza al ejecutivo a adoptar «las medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias» para preservar el orden interno.

 

 Las manifestaciones que vienen produciéndose se han cobrado cuatro muertos más - AFP Y EFE Caracas16/05/2017 22:05h - Actualizado: 16/05/2017 22:59h.Guardado en: Internacional

 

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha aprobado este martes un nuevo decreto de «estado de excepción y emergencia económica» que restringe las garantías constitucionales en todo el territorio nacional como una medida para «preservar el orden interno», según ha publicado este martes la Gaceta Oficial.

 

El decreto establece la facultad del Ejecutivo nacional para que adopte «las medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas, y otros productos y servicios».

 

La norma señala, además, que «podrán ser restringidas las garantías» para el ejercicio de los derechos constitucionales, salvo las excepciones que establece la Constitución que son "el derecho a la vida, prohibición de comunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles".

 

El Gobierno venezolano podrá «diseñar y ejecutar planes de seguridad pública que hagan frente a las acciones desestabilizadoras que atenten contra la paz de la nación, la seguridad personal y el resguardo de las instalaciones y bienes públicos y privados».

 

El presidente se ha facultado también para decidir «la suspensión temporal y excepcional de la ejecución de sanciones de carácter político» contra autoridades del poder público y altos funcionarios cuando estas obstaculicen la implementación de medidas económicas.

 

Este decreto permite al Gobierno, entre otras atribuciones, disponer de recursos sin control del Parlamento, así como de bienes y mercancías de empresas privadas para garantizar el abastecimiento, además de restringir el sistema monetario y el acceso a la moneda local y extranjera. No obstante, todas estas restricciones de orden económico ya estaban vigentes desde hace más de un año con un decreto anterior de «excepción y emergencia económica».

 

Mediante este nuevo texto legal, el Ejecutivo ha argumentado como una de las razones para la implementación de estas medidas que «sectores nacionales e internacionales adversos a cualquier política pública de protección del pueblo venezolano (...) mantienen el asedio contra la recuperación de la economía venezolana».

 

Los decretos de estados de excepción, según la Constitución, requieren de la aprobación de la mayoría del Parlamento, controlado por la oposición y que actualmente se mantiene en «desacato» ante el Tribunal Supremo de Justicia.

 

En esta ocasión el decreto será enviado directamente a la máxima corte para declarar su constitucionalidad, como ha ocurrido con todos los decretos anteriores que han mantenido restringidas las garantías desde enero de 2016.(ABC-MADRID) 

 

 

 

 

La Policía chavista detiene al director de las redes sociales de «El Nuevo País» y «Zeta». Sergio Contreras fue arrestado, sin mediar palabras, cuando estaba empezando una manifestación opositora de en Caracas.

 

Durante la manifestación convocada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para este miércoles, el director de redes sociales de «El Nuevo País» y «Zeta», Sergio Contreras, fue detenido en las inmediaciones del Parque Caracas cuando se concentraban para marchar hasta el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

 

El Vicepresidente de la revista «Zeta» y el diario «El Nuevo País», Francisco Poleo, ha explicado a ABC que Contreras fue detenido «sin mediar palabras, cuando estaba empezando la manifestación opositora de hoy en Caracas. Lo rodearon seis oficiales, dirigentes políticos, entre el presidente de la Comisión de Exteriores del parlamento, intentaron mediar pero fueron dispersados con gases lacrimógenos. Desconocemos el paradero de Contreras».

 

El también dirigente político de Voluntad Popular (VP) fue arrestado por efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), quienes lo agredieron y rociaron gas pimienta en la cara, según indicó el diputado a la Asamblea Nacional, Luis Florido, a través de su cuenta en la red social.

 

El diputado Luis Florido aseguró que intervino ante los funcionarios para que no se llevaran detenido a Contreras, quien fue trasladado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin - abc España).